El retorno selectivo: volver a Venezuela no es una concesión ni un favor

El miércoles 16 de septiembre, un tribunal venezolano sobreseyó la causa judicial contra Javier Oropeza, exalcalde del municipio Torres, quien regresaba tras más de dos años de exilio en España. Al día siguiente, nada más salir de una entrevista en la sede del diario El Informador en Barquisimeto, una camioneta no identificada le cerró el paso y funcionarios de seguridad lo interceptaron. Aunque la presión pública y los reclamos en las mesas de negociación forzaron su liberación horas más tarde, el mensaje quedó grabado con precisión: tener los papeles en regla no garantiza nada cuando las instituciones no existen.

El mandato constitucional frente a la dádiva

El artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es tajante: ningún acto del poder público puede impedir el ingreso de un venezolano a su territorio ni sancionarlo con el extrañamiento. Entrar al país no es una concesión graciosa, una medida de gracia derivada de una mesa de diálogo ni un salvoconducto que un burócrata deba autorizar a discreción. Es un derecho inalienable que no requiere el permiso de nadie.

Sin embargo, la realidad de los últimos meses demuestra que el retorno sigue administrándose con cuentagotas y bajo una peligrosa discrecionalidad. Medir este proceso no puede depender del aplauso en el terminal internacional de Maiquetía, sino de tres pruebas fundamentales: el derecho a entrar sin vetos, el derecho a permanecer libre sin amenazas y el derecho pleno a ejercer la política sin inhabilitaciones ni persecución.

Quiénes vuelven y bajo qué condiciones

Es un error afirmar que las puertas están completamente cerradas; decenas de figuras han cruzado los controles fronterizos. El 27 de septiembre, Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de Vente Venezuela, aterrizó en Maiquetía tras permanecer asilada en la embajada argentina y pasar más de un año en el exterior. Su regreso, según sus propias palabras, respondió a una decisión personal de abrir camino, demandando en televisión nacional un cronograma electoral claro y recordando que el cambio estructural solo ocurrirá con elecciones libres. Semanas antes, el 28 de agosto, Omar González había tomado una ruta similar, mientras otros miembros del equipo como Pedro Urruchurtu, Magalli Meda y Humberto Villalobos permanecen fuera.

Asimismo, el 19 de septiembre volvió Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, tras once años en el exilio originados por su detención en 2014 a manos del SEBIN. Aunque su solicitud formal de amnistía no fue aprobada, fue retenido cerca de una hora en el aeropuerto antes de permitirle el ingreso. La evaluación de Diamanti al pisar Caracas fue contundente: no regresó porque los peligros hayan desaparecido, sino porque asumir el riesgo es parte de la lucha. Venezuela, advirtió, dista de ser un territorio seguro.

A esta lista de retornos cautelosos se suman exparlamentarios, activistas y dirigentes como Rocío San Miguel, Lester Toledo, Yon Goicoechea y Carlos Ocariz. Ninguno de estos ingresos, no obstante, representa el desmontaje de la estructura represiva que durante tres décadas carcomió el sistema judicial y policial del país.

Las dos manos en el bloqueo a María Corina Machado

La prueba más evidente de la selectividad del proceso radica en el impedimento absoluto que enfrenta la principal líder de la oposición venezolana. María Corina Machado acumula al menos siete intentos fallidos por regresar a Venezuela desde que salió en diciembre de 2025. Las rutas aéreas, marítimas y terrestres han sido bloqueadas sistemáticamente.

Este cerco responde a dos dinámicas diferenciadas que deben analizarse sin sesgos: por un lado, el régimen encabezado por Delcy Rodríguez clausuró el espacio aéreo a vuelos comerciales específicos —como las rutas de COPA— y desplegó presiones diplomáticas sobre terminales en Aruba y Curazao para impedir aterrizajes y zarpes. Por el otro, reportes de The Wall Street Journal y diversos medios internacionales han documentado que Washington también ha frenado vuelos privados organizados para su retorno —incluido un intento desde Virginia en junio— bajo el argumento de que un reingreso abrupto podría desestabilizar las conversaciones operativas que mantienen con Caracas.

El resultado es inaceptable: a la dirigente que lideró la victoria cívica del 28 de julio de 2024 se le prohíbe pisar su propio país por conveniencias de tablero, violando directamente las garantías constitucionales.

La falta de garantías y el peso de la transición

El fondo del problema institucional permanece inalterado. Aunque la administración oficial exhibe cifras de más de un millar de excarcelaciones desde enero, el balance documentado por el Foro Penal registraba aún 344 presos políticos a mediados de septiembre. La mayoría de los liberados continúa sometida a regímenes de presentación periódica, prohibición de salida del país y censura judicial.

A nueve meses de haberse abierto un proceso bajo el rótulo de transición tras los acontecimientos de principios de año, la brecha entre el discurso y los hechos sigue siendo alarmante:

• Entrada condicionada: Se tolera el regreso de ciertas figuras mientras se impone el veto estricto a los liderazgos decisivos.
• Seguridad inexistente: Los sobreseimientos y acuerdos verbales no detienen los secuestros exprés ni el amedrentamiento policial.
• Inhabilitación política: Quienes retornan enfrentan un marco electoral sin fechas claras, sin un Consejo Nacional Electoral reestructurado y sin tribunales independientes.

El coraje de quienes deciden regresar es indiscutible, pero transformar ese valor personal en un espejismo de normalización es un error de graves consecuencias. Hasta que el artículo 50 se aplique sin condiciones, el Tribunal Supremo de Justicia no sea depurado y el derecho a disentir no implique el riesgo de una detención arbitraria, el exilio venezolano no habrá terminado: simplemente habrá cambiado de escenario.