El rodrigato y la Ley del Odio: el cinismo de maquillar el mazo que ellos mismos tallaron
Quien presidió la Constituyente que criminalizó a casi un millar de venezolanos en 2017 no puede presentarse ahora como adalid del reencuentro. La supuesta reforma penal del rodrigato no busca desmantelar la persecución, sino lavarle la cara al verdugo.
Hay que tener un estómago de acero para procesar el nivel de descaro con el que opera el chavismo residual. Hace apenas unos días, el país asistió a un espectáculo que resume a la perfección el funcionamiento de la dinastía que hoy administra las ruinas del poder: la hermana enviándole una carta al hermano pidiéndole con carácter de 'urgencia' una reforma parcial para 'corregir desviaciones' en la infame Ley contra el Odio. El rodrigato en su máxima expresión.
El origen del garrote: memoria corta para conveniencias largas
Para entender la magnitud del cinismo, hay que refrescar la memoria colectiva. Esta aberración jurídica no cayó de un asteroide. El 8 de noviembre de 2017, mientras las familias venezolanas aún lloraban a más de un centenar de muchachos asesinados durante las protestas de aquel año, Nicolás Maduro encargó un arma letal para aplastar cualquier disidencia. Quien presidía aquella fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente no era otra que Delcy Rodríguez, la misma que la bautizó con orgullo como una 'referencia para el mundo'.
La obra no quedó allí. Mientras Delcy estampaba la firma de un texto que contemplaba penas de 10 a 20 años de prisión y el cierre exprés de medios digitales y tradicionales, su hermano Jorge, instalado en el Ministerio de Comunicación, desplegó una maquinaria feroz junto a Conatel para advertir que las redes sociales quedaban bajo vigilancia absoluta. No fueron espectadores. Fueron los arquitectos y ejecutores del instrumento.
El saldo del terror no fue un error de imprenta
Ahora, en pleno acto público en Portuguesa, la vicepresidenta del régimen afirma que ella sigue creyendo en 'los principios' de amor y tolerancia de la ley, pero que hay que extirpar las 'desviaciones' que ocurrieron en su aplicación. Esa afirmación es un insulto directo al ciudadano que ha padecido el terror de Estado.
Las cifras recopiladas por organizaciones como el Foro Penal no admiten relativizaciones:
- Al menos 927 venezolanos han sido imputados bajo esta figura represiva desde finales de 2017.
- Más de 630 personas arrastran regímenes de presentación periódica y medidas cautelares que les arruinaron la vida.
- Decenas de emisoras de radio fueron silenciadas, emisoras locales confiscadas y portales de noticias bloqueados con el amparo de sus artículos punitivos.
Eso no fue una 'desviación'. El texto se aplicó milimétricamente como fue diseñado: como un garrote penal para que el venezolano tuviese miedo de quejarse por la falta de luz, de agua, de gasolina o de salario.
De la careta petrolera a la careta penal
Esta jugada de septiembre calca el patrón que ya expusimos hace meses con el tablero económico. Aquellos que expropiaron empresas internacionales, destrozaron el aparato productivo y juraban exterminar el capitalismo, pasaron de la noche a la mañana a suplicar inversión estadounidense 'sin asco' en cuanto les faltó el oxígeno financiero. El libreto se repite ahora en el ámbito penal.
Acorralados tras los sucesos que marcaron el inicio de 2026, aislados por las hegemonías que antes los sostenían y conscientes de que su base ideológica es un cadáver insepulto, los Rodríguez necesitan mostrar modales civilizados ante los interlocutores externos. Si en los foros internacionales ya ni siquiera nombran a Chávez ni a Maduro, en el Parlamento necesitan fingir que están desarmando el aparato de persecución. Pero es solo utilería.
La comisión del embudo: el hijo de Maduro y el lápiz del régimen
El engaño queda al descubierto al revisar quién redactará la supuesta 'nueva política'. Jorge Rodríguez designó una comisión de once diputados encabezada por el vicepresidente de la Asamblea, Pedro Infante, e integró en sus filas a Nicolás Maduro Guerra, acompañados por un puñado de opositores a la medida del régimen que apenas sirven para decorar la foto. Quienes apretaron la soga son los encargados de redactar cuánto espacio darán para que la víctima respire.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y los sectores democráticos reales lo han advertido con total claridad: este mamotreto no admite reformas cosméticas. Una ley nacida de un órgano ilegítimo, estructurada para penalizar la opinión y usada para quebrar libertades fundamentales, debe ser derogada por completo y erradicada del ordenamiento jurídico venezolano.
El cinismo del rodrigato
Pretender que una ley concebida para aniquilar la disidencia se rescata despenalizando un par de artículos mientras se mantienen las atribuciones de censura de Conatel es el equivalente a la estafa de las pelotitas que esconden debajo de los vasos: mueven las piezas rápido para que nadie se fije en dónde quedó la trampa.
El venezolano común aprendió a los golpes. Sabemos muy bien que este régimen no sufre conversiones democráticas; sufre asfixia. No estamos ante un viraje ético ni ante el nacimiento de una política civilizada. El rodrigato no se está deslindando de los abusos cometidos: simplemente está buscando la forma más económica de administrar el garrote sin que se le vean las manchas de sangre.
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